Acá hay un análisis interesante, con cinco razones para la victoria de Santos, y dos que me interesan especialmente: una lateral, la otra de fondo.

La primera razón de la victoria, lateral, sería la la construcción de la candidatura de Santos a través de la U, el partido creado para apoyar la reelección de Uribe, frente a la apuesta, casi inconsciente, de Mockus por la militancia a través de las redes sociales, que crearon una suerte de contagio a los grandes centros urbanos. Amén de la representación ideológica de cada uno de los candidatos, la victoria de Santos también es una advertencia a “la Ola virtual”. La sobrevaloración de la política 2.0, a raíz de los buenos resultados que obtuvo la herramienta en la campaña del presidente norteamericano Barack Obama, es el resultado de poner el carro por delante de los caballos: la política virtual le sirvió a Obama allí donde fue el complemento de una militancia territorial efectiva, y no donde la virtualidad se convirtió en el espacio de militancia por excelencia. Que fue, por cierto, lo que ocurrió con la campaña de Mockus, con los resultados del caso: Mockus sacó, en segunda vuelta, casi un 30%, en una elección que -ataques de la guerrilla, lluvia y Mundial mediante- tuvo un nivel de abstención del 58%. Mientras uno twitteaba y creaba en facebook al monstruo de Santos, el propio Santos construía una mayoría en el Congreso con los Conservadores y los Liberales. He ahí la gran diferencia: Mockus rechazó la construcción de una coalición con los apoyos organizados de Petro y el Polo, a favor de la construcción de una alianza “ciudadana”. Esto no va en desmedro de las nuevas tecnologías en política: sí va en desmedro de que con eso alcanza.

La razón de fondo es la política de seguridad democrática de Uribe. ¿Es casual que el candidato de Uribe sea su ministro de Defensa?, ¿es casual que gane Santos el día que hay trece muertos por ataques de la guerrilla?, ¿es casual que gane la continuidad de Uribe en la elección de un país que, con once militares y seis rebeldes muertos, es la elección más pacífica de su últimos treinta años? Bueno, evidentemente no. Cuando se hablaba de la nueva ola de gobiernos latinoamericanos, de los presidentes progresistas, en general se excluyó a Uribe. Y es cierto que no puede incluirse a Uribe en la ola de presidentes de centro-izquierda por razones ideológicas (aunque, como decía Luciano, Uribe no es neoliberal). Pero al mismo tiempo, hay un clivaje colombiano que no está presente casi en ningún otro país latinoamericano (al menos en ese grado) y que exige otro nivel de análisis: la disputa por el monopolio de la violencia. Latinoamérica tiene una historia compartida, raíces comunes, problemáticas similares, pero también particularidades de cada territorio. Latinoamericanismo no quiere decir suponer una Patria Grande por generación espontánea, negando que los doscientos años que compartimos de historia, que los doscientos años que nos hicieron estar más cerca, fueron doscientos años de historia de Estados Nacionales, no de unidad continental (no es un juicio de valor: es una descripción histórica. No es un hegelianismo, una teleología del Estado: digo que lo más cerca que Latinoamérica estuvo de Latinoamérica fueron estos últimos diez años. Con unidad de Estados Nacionales que conservaron amplías autonomías: una unidad que posiblemente haya que profundizar, pero que es principalmente estatal).

La particularidad colombiana exige otros conceptos, otras formas de acercamiento, reconocer otro clivaje: el de un país en el que una guerrilla no fue desactivada y disputa el monopolio de la violencia. Un país con secuestros políticos que duran años, con asesinatos y llamados a boicotear de manera violenta las elecciones. Se trata de un país que no puede disputar electoralmente sin el fantasma de esa cotidianeidad violenta. El error de Mockus está en el de subvaluar la garantía -por veces endeble, por veces plagadas de excesos y violaciones a los DDHH- de cierta estabilidad, de suponer que la corrupción -sin desmerecer la cuestión de la corrupción- puede interpelar una población que ve todos los días disputarse la vida y la muerte como una cuestión de política nacional. Cuando la cuestión pasa por ahí, es ineficaz políticamente plantear el vandorismo: cuando de lo que se trata es de garantizar el orden en el más rústico y material de los sentidos, el progresismo no puede levantar la consigna del uribismo sin Uribe. Mockus no fue capaz de jugar el juego del uribismo: no pudo prometer que iba a mejorar el rumbo sin perder el rumbo que la sociedad había confiado en Uribe.

Los sectores populares de Colombia votaron por la continuidad, y el retiro de Uribe será con un 70% de popularidad. Esto no habla del conservadorismo per se de los sectores populares, como tampoco infiere, de ahí, del caracter revolucionario de los sectores medios esclarecidamente progresistas. En verdad, lo que supone es que un proceso electoral -con 50% de abstención, hay que decirlo- se define por la capacidad de garantizar o de ir hacia un determinado sentimiento de estabilidad. ¿Es eso necesariamente conservador?, ¿es conservador, “de derechas”, pretender el combate de la irracionalidad de las FARC?

Cuando los sectores populares quieren ir a quemar una comisaría, porque el Estado los mata, no está planteando la revolución. Reclaman por la garantía de un orden, del cual la seguridad, en todos sus sentidos, es uno de los principales aspectos. Si en Argentina no nos alcanza con la idea de que es hora de pensar la seguridad porque hay que terminar con los pibes muertos por gatillo fácil, entonces tal vez el resultado de Colombia sirva para pensar que la seguridad no es un problema “de las clases medias”, “una sensación” instalada desde los medios, sino que incluso tiene efectos electorales más o menos concretos en los sectores que tantas veces queremos interpelar. Porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen los Santos. Hasta ahora creamos las condiciones para que eso pase: con una política de seguridad que implica el auto-gobierno de la Policía Federal más las imposibilidades progresistas para abordar la problemática, el día que desde nuestra derecha salga un Uribe, alguien con un verdadero plan de seguridad, la sucesión va a ser interminable. Hasta ahora, la oportunidad de realizar alguna transformación en ese sentido, el kirchnerismo la viene desperdiciando: que el tema no la haya capitalizado nadie en profundidad no es una buena noticia, porque tampoco lo obliga a planteárselo. Y las falencias propias en ese sentido, comienzan a notarse mucho. Los Santos vienen marchando y será cuestión de tiempo para que alguna vez lleguen.

- Ciertos analistas coinciden en que es una continuidad del bushismo, una especie de neorrealismo con rostro humano; otros, que el documento es demasiado amplio para ser una estrategia concreta (o sea: muy lindo el tema del “engagement,” “cooperation,” and “partnerships”, pero cómo se traduce eso en “policies”); y a algunos los convence la evaluación más racional, profunda y contextualizada de la lucha contra el terrorismo, que la vieja doctrina de Bush definía solamente como “la guerra contra el islamismo radicalizado”.

- ¿Cuántos periodistas locales leyeron este documento entero?, ¿no hay demasiado poca política internacional en los diarios locales?, ¿no es clave un manifiesto que dice lo que el Presidente del país más importante del mundo piensa respecto de la política internacional?, ¿cuántos diarios lo reprodujeron textual?, ¿cuántos lo linkearon en sus portales?

- Es interesante destacar lo siguiente: el nombre propio más veces mencionado en el documento es Al-Qaeda. Seguido por Iraq y Afganistán, y el detalle no es menor. La mención en tantas oportunidades de la organización terrorista refleja la relevancia de los nuevos actores trasnacionales en el contexto mundial. Pero, luego de Al-Qaeda, las palabras más mencionadas tienen que ver con Estados Nacionales: Iraq, Afganistán y Rusia. El partido de neoliberales versus realistas (en términos de RRII) va empatado, digamos: si bien los nuevos actores trasnacionales adquirieron relevancia en los últimos años, lo cierto es que el peso de los Estados Nacionales sigue siendo fundamental en la resolución de conflictos a nivel global. La variable clave de la instalación de una célula terrorista en un país, continúa siendo el apoyo o el intento de erradicación de la misma por el Estado. Ahí hay un problema: hasta qué punto la existencia de una célula terrorista en un país no es la coartada perfecta para invadirlo en pos de otros objetivos. La vieja guerra tradicional exigía un aparato estatal que, como mínimo, realizara algún tipo de ofensa pública. Con el terrorismo se abarataron las operaciones de inteligencia: basta un barbudo poniendo una bomba, con un DNI de algún país, para elegir el Estado que uno quiere vincular al terrorismo.

- Hay una ponderación muy positiva del G-20. En líneas generales, y en un intento muy notorio por intentar describir el escenario “como es” y no “como le gustaría a EEUU que fuese”, el G-20 está encaminado para convertirse en uno de los espacios de negociación comercial y financiera por excelencia. En ese sentido, la apuesta por el G-20, explícitamente en desmedro del G-8 (”the evolution of the G-8 to the G-20 to reflect the realities of today’s international environment“), no es sino un reflejo de la pérdida de poder relativo norteamericano y el paso hacia la institucionalización de mundo multipolar. La única mención a la Argentina está dada en el marco del desarrollo de este punto. Formar parte de ese grupo de países, junto a la integración latinoamericana, son posiblemente los dos noticias más importantes de la política exterior de los últimos años, hayan sido de casualidad o mérito del Gobierno.

- ¿Las oposiciones deben tener alguna incidencia en el marcado del rumbo de la política exterior o es una facultad de los oficialismos? Un amigo me decía el otro día: ser de izquierda es no plebiscitar algunas cosas.

- La pertenencia al G-20 iguala a la Argentina en el liderazgo latinoamericano con Brasil. Sin embargo, la potencia de la región en términos internacionales, sigue siendo el país hermano: “We welcome Brazil’s leadership and seek to move beyond dated North-South divisions to pursue progress on bilateral, hemispheric, and global issues. Brazil’s macroeconomic success, coupled with its steps to narrow socioeconomic gaps, provide important lessons for countries throughout the Americas and Africa. As guardian of a unique national environmental patrimony and a leader in renewable fuels, Brazil is an important partner in confronting global climate change and promoting energy security“. Ser un poder político mundial es poder decidir con autonomía relativa de la hegemonía. Ahí, es posible que haya que dejar de pensar la política internacional en términos de rivalidad futbolística: si son más, pueden más, tienen más cosas, y nuestros intereses van por la misma autopista, seamos amigos de los que haya que ser amigos. El propio Brasil lo sabe hacer hacia afuera, y si tiene que hacer un acuerdo con Irán, lo hace. Que la plataforma de Brasil hacia el mundo sea América Latina, es una buena noticia para América Latina: lo que debe pensarse, en todo caso, es cómo encuadrar ese liderazgo de Brasil, cómo ofrecerle los incentivos necesarios para que siga siendo negocio para Brasil hablar desde América Latina antes que desde Brasil.

- ¿Hay que pensar en incorporar más países al Unasur, o hay que consolidarlo así como está?, ¿cómo se hace para que un país renuncie a ciertas facultades -pongamos, por caso, la moneda- en pos de una integración más profunda?, ¿qué incentivos reales, materiales, concretos, ofrece el Unasur?

- Respecto de América Latina, el documento sobre Seguridad Nacional es pura abstracción, ciertamente: mercados integrados, fronteras, interdependencia energética, compromiso con la democracia y la ley. El dato más concreto es la foto que acompaña este texto (vía el Escriba): en azul, los que van a crecer durante 2010/2011. Los del equipo azul tenemos, entonces, un elemento más para multipolarizar más el mundo: si el río está revuelto, veamos cómo meter más la caña (mucho más cuando el río, parece, te va a mojar menos que a los otros). ¿Cómo lo hacemos? Ah, tanto no sé: lo que sé es que, así como hacia dentro, la política internacional se tiene que hacer de a muchos (y, quizás, no sólo con los mejores). Se acabó la comodidad de hablar del imperialismo yanqui (”Si en América Latina se comete un error, le vamos a tirar piedras a la embajada de Estados Unidos. Es decir, la culpa jamás es nuestra, siempre es de los demás, y de esta forma no establecemos responsabilidades“, Rafael Correa). Paradójicamente, la victoria de gobiernos populares, progresistas o de centro-izquierda, significó para la región guardar las piedras contra la embajada y tocar el timbre para entrar y charlar en serio. Quizás, la primera vez en la Historia de la región, en la que puede charlarse sin tanta asimetría.

Las palabras que titulan este texto son del presidente colombiano Álvaro Uribe, luego de que la justicia de ese país cerrara  la posibilidad de que se convoque a un referendo para modificar la Constitución, a los efectos de permitir la segunda reelección del mandatario en las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo. La Corte de ese país declaró “inexequible en su totalidad la ley 13-54 de 2009″, luego de encontrar “fallas procedimentales y violaciones a la Constitución en el trámite que la iniciativa surtió en el legislativo”

Así las cosas, la falta de un referente claro para el uribismo abre la posibilidad de una campaña presidencial menos previsible que la anterior, donde Uribe resultara reelecto, en 2006, con el 62% de los votos en primera vuelta. Los primeros en la línea sucesora del uribismo comenzaron a ponerse el traje de candidatos, y la única realidad para las próximas elecciones, es la dispersión.

La mayoría de los analistas coinciden en que la popularidad de Álvaro Uribe se construyó en base a su política de seguridad democrática para el control del problema de la guerrilla, y así lo entiende el propio presidente. En respuesta al fallo de la Corte que impide su reelección, y dejando bien claro que se acataría lo expuesto por la justicia, Álvaro Uribe construyó el dique de su propia sucesión:

“Que nuestra democracia mejore el rumbo: pero que no abandone el rumbo (…) Es un derecho de las nuevas generaciones, un derecho para la prosperidad de la patria, que se mantenga el rumbo en la firmeza de las políticas de seguridad”.

Uribe logró en estos ocho años dar una respuesta desde el Estado, desde la cara menos amable del Estado: su faz represiva (como dice este gran texto de Luciano), al problema nacional de las FARC, con un plan blanqueado hacia la sociedad civil, y muchas veces haciendo malabares ante sus propios excesos y la necesidad de sostener el marco democrático. Así, el documento “Política de Defensa y Seguridad Democrática” de la Presidencia de Colombia, establece sus principios:

“No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disentir no signifique exponer la seguridad personal. Pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica. La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles.”

El uribismo más crudo se plantea: no hay política democrática si hay terrorismo, construyamos un orden sin terrorismo para poder empezar a hacer política. Más allá de hablar de quien será el candidato de Uribe, (lo cual se puede ir chequeando acá y acá) posiblemente el que tenga mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta, lo importante es notar la importancia de un liderazgo que permita construir, al menos, el rumbo de la propia sucesión. Colombia es, quizás, un caso especial, puesto que lo que Uribe plantea es no desarmar el marco mismo de la política, la lucha contra el terrorismo interno; es decir, una política pública anterior al grado cero del Estado (nada más y nada menos weberiano, que el monopolio de la violencia). O, por qué no, la construcción misma del Estado, su mantenimiento.

Por eso este llamado de Uribe a mantener el rumbo, aún mejorándolo, es también un llamado de atención a los demás gobiernos de Latinoamérica, en los cuales el control de la violencia dentro del territorio no es, por suerte, un problema nacional. Sin embargo, es el caso colombiano, al cual los gobiernos “populistas” o de “centroizquierda” de América Latina siempre tuvieron como necesaria contraparte ideológica de la región (a veces, hasta el absurdo), el que permite pensar eventualmente de qué manera los gobiernos que no puedan ser reelegidos -por límites constitucionales o pérdida de legitimidad -tienen la obligación y la ardua tarea política de intentar mantener el rumbo básico de sus transformaciones centrales.  Si esas transformaciones se pierden en una línea de sucesión por el cambio del color ideológico, entonces su base de sustento era tan débil como una figura. Habrá que ver quien es más efectivo, políticamente, en ese desafío. Lula, por su parte, parece haberlo entendido: “Elegir a Dilma para mi es una de las cosas más importantes de mi gobierno. Porque yo creo que un buen gobierno es aquel que deje a un sucesor para dar continuidad a las cosas buenas que se están sucediendo en este país.”

Queda por pensar si será casual que sea, justamente, el tema de la seguridad democrática, aquello que Uribe tiene como bandera para plantear el desafío de la sucesión. Tal vez ha llegado el momento de que los gobiernos progresistas de la región tengan que animarse a dar las disputas por esas banderas.

La situación regional al día de hoy es absolutamente pacífica y, sin embargo, algunos datos parecieran contradecir la afirmación: América Latina ha incrementado el gasto militar, y el rearme de algunos países es indiscutible. En septiembre de 2009, Lula festejaba 187 años de independencia del Brasil anunciando el mayor acuerdo militar del país desde la Guerra Fría: con Sarkozy llevando al líder del PT casi del brazo a una futura silla en el Consejo de Seguridad en la ONU, Brasil compró ese día material militar francés –entre submarinos, helicópteros y aviones –por más de 10.000 millones de dólares, y realizó un acuerdo fundamental para la construcción de submarinos de propulsión nuclear.

También Chile realizó compras de armamento en tierras francesas este año, cuando el ministro de Defensa de la Concertación, Francisco Vidal, anunció la compra de aviones antisubmarinos y helicópteros. Un dato particular surge del caso chileno: a pesar de atravesar algunos conflictos limítrofes con Bolivia y Perú, y aún cuando Chile ha adquirido material bélico, no sólo el presupuesto militar ha descendido en términos relativos (del 3.7 al 3.4 del PBI, según datos de la organización sueca SIPRI) sino que la propia Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que deroga la Ley Reservada del Cobre, que le otorgaba a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de Codelco, incorporando al sistema general del Estado el gasto en equipamiento bélico.

Similar es la relación de Venezuela con la Rusia de Putin, la cual ha otorgado diversos créditos para financiación de su propio armamento. El conflicto de Venezuela con Colombia pareció haber acelerado los trámites durante septiembre de este año, para la compra de material estrictamente bélico como tanques y sistemas de misiles por más de 2.200 millones de dólares.

Lo que intenta, sin embargo, este texto, no es hacer un listado armamentístico de cada país, sino refutar una falsa paradoja: que los gobiernos progresistas no pueden, ni deben, tener una política de Defensa, una política respecto de sus Fuerzas Armadas. Adaptadas a las circunstancias particulares de cada país de la región, las políticas de Defensa han servido en estos años para sostener, entre otras cosas, políticas de seguridad de los recursos naturales: el descubrimento de yacimientos petrolíferos en Brasil está íntimamente relacionado con una política de defensa de esos mismos recursos. De otra manera, Evo Morales utilizó la estructura de las Fuerzas Armadas en un sentido diverso: ante un Estado devastado, el aporte de cinco mil efectivos le permitió llegar con el Bono Juancito Pinto -200 bolivianos a niños de entre 6 y 14 años de las escuelas públicas –a lugares que las redes sociales estatales no llegaban.

De manera tal que no existe un necesario e irresoluble dilema entre el progresismo y las políticas de Defensa. Sin caer, tampoco, en el realismo absoluto de entender las relaciones internacionales en términos de municiones, los gobiernos progresistas de América Latina dan cuenta de estos temas porque, por primera vez, las izquierdas latinoamericanas tienen ante sí la tarea de gobernar. La anarquía del orden internacional exige, como mínimo, ciertos recaudos. En ese sentido, el discurso del presidente norteamericano Barack Obama al recibir el Nobel de la Paz parece explicar de manera más clara lo que aquí se ha tratado de exponer: “(…)Entonces, parte de nuestro desafío es reconciliar estos dos hechos aparentemente irreconciliables: que la guerra a veces es necesaria y que la guerra es, de cierta manera, una expresión de desatino humano. Concretamente, debemos dirigir nuestros esfuerzos a la tarea que el Presidente Kennedy propuso hace tiempo. “Concentrémonos”, dijo, “en una paz más práctica, más alcanzable, basada no en una revolución repentina de la naturaleza humana, sino una evolución gradual de las instituciones humanas”. Una evolución gradual de las instituciones humanas”.

Políticas de Defensa, también, que implican la organización de instituciones regionales. La creación del Consejo de Defensa del Unasur es un dato alentador: las relaciones internacionales no pueden, ni deben ser, el fruto de las amistades particulares de gobiernos ideológicamente afines, sino una construcción que supere esta coyuntura. Es extraordinario el desafío para los gobiernos latinoamericanos: romper el viejo tabú de las izquierdas con respecto a las Fuerzas Armadas. Porque, más allá del tema estratégico y político, representa un desafío que es fruto de una victoria: la victoria de, por primera vez, hacerse cargo de la ardua y fundamental tarea de, nada menos, gobernar.

¿Hay una alternativa a la reforma política propuesta por el kirchnerismo? Hay que preguntárselo. Quizás no sea necesario simplemente reestablecer el bipartidismo. La idea básica consiste en lo siguiente: el bipartidismo garantiza la gobernabilidad. Es un hecho empírica y teóricamente fácil de argumentar: un gobierno es elegido directamente con el aval legislativo necesario. Sin embargo, la existencia de presidencialismos no significó, al menos en América Latina, procesos de bloqueo absoluto del régimen, ingobernabilidad subsiguiente y abandonos prematuros del gobierno. América Latina está repleta de casos de sistemas de partidos fragmentados con presidencialismos que duran en el tiempo. Nada menos que Brasil y Argentina lo demuestran. ¿En qué se funda esa consistencia institucional? En la formación de coaliciones de gobierno, en una herramienta casi parlamentaria. Con una forma de construcción, eso sí, diferente. Las coaliciones en los presidencialismos se construyen a través de diversos mecanismos: desde ideológicos hasta materiales, desde repartición de cargos hasta interpelaciones ideológicas.

El presidencialismo con fragmentación partidaria presenta la posibilidad abierta del bloqueo decisional. Sin embargo, ese no ha sido el caso: desde el fin de las dictaduras de los 70 y 80 en adelante, las democracias latinoamericanas han sorteado ese escenario conservando la estabilidad democrática. La explicación que arroja Daniel Chasquetti en su trabajo “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: la difícil combinación“, es la siguiente: el presidencialismo con alto grado de fragmentación partidaria resulta altamente riesgoso allí donde el Poder Ejecutivo no lleva adelante una estrategia de cooperación, es decir, un proceso de construcción de una coalición que le permita garantizar la gobernabilidad.

A partir del 11 de diciembre de este año, el partido de gobierno en la Argentina dejará de contar con quórum propio en la Cámara Baja. La elección del kirchnerismo ante esa situación ha sido la de intentar un proceso de reforma política por medio del envío de un proyecto de ley al Congreso, a través del cual intentará subir los requisitos para la conformación y sostenimiento de los, hay que decirlo, excesivos partidos políticos (33 partidos nacionales y 653 partidos distritales). Las últimas elecciones en Argentina dejaron un saldo negativo para el Gobierno, y la composición del próximo Congreso reflejará ese resultado. Ante esa situación, el Gobierno ha decidido intentar construir un esquema diferente del sistema de partidos, a través de la discusión de este proyecto de ley de reforma política, que en todo caso mostrará sus resultados o no recién en las próximas elecciones presidenciales del 2011.

Mientras tanto, la fragmentación del sistema de partidos continuará siendo un dato de la realidad frente al que el Gobierno deberá actuar. Quedan por delante dos años con un Congreso que exige la formación de coaliciones circunstanciales, puesto que la gran cantidad de partidos representados en el Parlamento junto a una situación de indisciplina partidaria luego del colapso del sistema de partidos post 2001, no permiten pensar en un escenario de alineamientos automáticos y sostenidos en el tiempo. La experiencia en este tipo de armados ha sido adquirida por el kirchnerismo frente a la necesidad de votar algunos proyectos previo a la futura recomposición del Congreso. Proyectos como las facultades delegadas (que permiten al Ejecutivo, entre otras cosas, fijar las retenciones a las exportaciones agrícolas) o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contaron no sólo con el apoyo de la bancada oficialista, sino con el aporte conseguido por medio de la negociación parlamentaria de fuerzas de la centroizquierda. Si la apuesta a largo plazo del kirchnerismo es la reconstrucción del viejo esquema bipartidista, lo cierto es que los incentivos institucionales antes de que ese proyecto de ley pudiese entrar en vigencia, le permitirán al Gobierno experimentar con otra forma de construcción parlamentaria, que implique sentarse a negociar con los diferentes espacios representados que estén dispuestas a hacerlo (abundan, de todas maneras, los casos de las fuerzas opositoras cuyo accionar consistirá en bloquear cualquier iniciativa oficialista por el sólo hecho de serlo).

De esta manera, tal vez los dos años previos a la puesta en marcha de una posible reconstrucción del bipartidismo, obliguen al kirchnerismo a volver a su época más virtuosa, donde el escaso apoyo electoral (fruto de que el ex-presidente Menem decidió no participar del ballotage, provocando que Néstor Kirchner asuma con un 23% de los votos) vino a ser sustituído por la construcción de un espacio más amplio, con interpelaciones ideológicas y materiales a diferentes sectores, tanto dentro como fuera del Congreso. Quizás el desafío del Gobierno y de la oposición en los próximos dos años sea, entre otras cosas, demostrar que no necesariamente la democracia presidencialista exige un rígido sistema bipartidista, sino que puede procesar de manera democrática una pluralidad de intereses sectoriales. Volver al esquema de la centralidad del peronismo reconstruído por Néstor Kirchner, en alianza con los espacios de la centro izquierda, tal vez sea la apuesta en lo político que permita, junto a la regulación de los partidos, recrear la mejor época del kirchnerismo.