En la historia latinoamericana el Parlamento ha sido una figura institucional de variantes connotaciones: superpuesto con las tradiciones ibéricas de los Cabildos, fue un capítulo repetido en los transplantes constitucionalistas locales y reorganizó, junto con el ejército y otras sociedades de intereses privados, la composición de las diferentes facciones políticas de las elites nacionales. Durante gran parte del siglo XX fue el objeto más inmediato de la permanente ingerencia de los militares en la política, con su clausura o vaciamiento funcional. Desde el punto de vista de la historia de las ideas la consolidación del Parlamento como institución política debe ubicarse en el marco de incorporación y adaptación cultural del liberalismo en nuestras tierras: en coexistencia con otras corrientes de ideas – indianismo, nacionalismo, socialismo, etc- el liberalismo, a través de la(s) metáfora(s) que encierra el Parlamento logró afincarse en las estructuras socio-culturales latinoamericanas como contraparte política a la instalación de la dinámica económica del mercado, desplegando la serie progresiva que su jurisdicción asegura: la extensión de derechos civiles/políticos/sociales. La incorporación del Parlamento como una figura cotidiana posibilitó ir construyendo en nuestras representaciones colectivas los medios y las mediaciones de lo que implica la necesidad de que la dominación – ejercida por los dueños del poder- contemple mínimos parámetros de legitimidad. Un pasaje necesario, útil, constructor de la misma noción de sociedad; en este sentido, debemos también al Parlamento su aporte en el sinuoso camino de nuestro progreso. La cuestión es que hoy, la “exaltación” del Parlamento como instancia definitoria tiene otras significaciones: en el contexto democrático actual su evocación es parte de una encrucijada diferente.

Hace unas semanas, desde el recientemente victorioso Frente Amplio, se sugirió una eventual modificación de la legislación electoral uruguaya para la próxima contienda: excluir el ballotage como regla de definición política de la legitimidad presidencial. La justificación, utilizada incluso durante la última campaña por el candidato oficialista – vencedor de la primera vuelta-, se basaba en un argumento bastante sencillo: no permitir que un nuevo Parlamento, definido junto con el primer turno presidencial, quedara incongruente en términos políticos con el eventual Presidente electo del ballotage. Una circunstancia de este tipo, con un Parlamento de un color político diferente del Presidente, traería, como le gusta afirmar a la siempre preocupada prensa hegemónica latinoamericana, una “crisis de gobernabilidad” declarada desde el inicio de la nueva gestión. Ahora bien, de prosperar esta modificación podría afirmarse que el sistema político uruguayo sería el primero en la región, no sólo en eliminar el ballotage, sino en “parlamentarizar” la legitimidad final de un Presidente, pues ésta se coloca en función de la composición del Congreso, desdibujando los dos tipos de representación que se ponen en juego en una división de poderes de un sistema presidencialista. No se trata de defender de manera abstracta al presidencialismo como forma de gobierno – una más entre las múltiples posibilidades de regulación política que pueden encontrar los hombres y mujeres en su búsqueda de la felicidad colectiva. Lo que es preocupante es que esta “ideología parlamentarista”, proposición fácilmente articulable con el sentido común utilizado por los medios masivos de comunicación, haya penetrado en una fuerza política como el Frente Amplio: ¿qué quiso decir Mujica cuando en variadas oportunidades afirmó que “Nosostros no somos como los Kirchner” o “Chávez habla demasiado”? Precisamente, que esos casos son poco “parlamentarios”, deficitariamente dialogistas. Una contradicción más para el Frente Amplio: “parlamentarizar” las estructuras del poder en un país que fue conducido por caudillos, tanto en la conformación de su nacionalidad (Artigas) como de su estatalidad (Battle), y en un momento político como el actual en el que acaba de consagrar un Presidente con características personales con similitudes de esa tradición.

Los medios de comunicación han “descubierto” al Parlamento y han compuesto las definiciones gramaticales de esta nueva “ideología parlamentarista”. Todo debe “debatirse” en el Parlamento, ámbito emblemático de una potencial “armonía social”; las acciones del Gobierno deben “pasar” por el Parlamento y cuantas más comisiones – recordar la disputa reciente en Argentina respecto de las comisiones en el Senado por la Ley de Medios- la conclusión será, indudablemente, más democrática. Se trata de “parlamentarizar” toda la esfera política, casi al límite de anular la legitimidad de los otros poderes y sus acciones; en ese intento, la “ideología parlamentarista” realiza reapropiaciones de potestades que corresponden a otras instancias y las direcciona como atribuciones propias del Parlamento, casi al límite de la ilegalidad. Este vínculo nace del interés por recrear una imagen alternativa a los Presidentes actuales: no es casualidad que esta “exaltación” del Parlamento aparezca en una etapa de la historia latinoamericana en la cual diferentes Poderes Ejecutivos han logrado colocar agendas públicas reñidas con específicos intereses sectoriales – incluso, los de los mismos medios de comunicación. A los intereses corporativos les estaba faltando una ideología, una matriz, un símbolo, lo suficientemente tradicional y renovador a la vez. Estaba claro que sin un rodeo de este tipo los intereses particulares de los liderazgos corporativos – Macri, Piñeira, Noboa, etc- no pueden prosperar. El Parlamento ya no como poder del Estado sino como alteridad del Gobierno presente y reoganizador eventual del Gobierno futuro; en ese sentido, el rol del vicepresidente argentino es casi ejemplar: no forma parte del Poder Ejecutivo, más bien actúa como un “primus inter pares” catalizador de la elección del 2011.

De un lado, la denominada “desmesura” de los Presidentes; del otro, la “mesura” y el “equilibrio” que trae consigo la ingerencia del Parlamento en la dinámica política. Detrás del simbolismo de este “equilibrio” pueden verse tanto las intencionalidades concretas de los diferentes proyectos opositores como un aspecto más estructural de toda dialéctica social (capitalista). Entre estos portavoces de las “bondades” parlamentarias los hay más y menos comprometidos con la reproducción de la acumulación del capital, pero todos, a su manera, terminan funcionando como facilitadores para la recreación ficcional e ideológica de una posible “armonía” de los intereses sociales – núcleo hacia el cual transitan los discursos de personalidades tan disímiles como De Narváez u Ominami, entre otros. Para decirlo en términos más clásicos: los sectores dominantes deben por todos los medios frenar esta ola de Presidentes que no han hecho otra cosa que visualizar conflictos internos del sistema social, la mayoría de éstos aún sin resolver. Como no pueden “decretar” el fin de los conflictos, ahora se empeñan por construir imaginarios sociales que los desarticulen, que los licuen. Se sabe, las ilusiones des-conflictuadas, las evasiones, las fugas son elementos inherentes de construcción social de realidad en el capitalismo. Además, la historia deja sus lecciones: mal le ha ido al capitalismo periférico – y a los capitalistas de todo el mundo que hicieron/hacen negocios en su territorio- cuando los gobiernos deciden visualizar y verbalizar los términos y elementos de los conflictos sociales, despertando actores, reconstruyendo sujetos colectivos y estableciendo límites a las apropiaciones. De allí la necesidad de “parlamentarizar” el orden social, volver a un supuesto estado de “armonía” natural, tarea que no es sencilla y que requiere de mediadores socioculturales que preparen el terreno y estén cotidianamente construyendo los moldes de los lenguajes circulantes; por eso el rol de los medios resulta imprescindible para la etapa.

Ahora bien, lo preocupante de esta “ideología parlamentarista” es que está prefigurando las culturas políticas del continente y ya va presentando efectos prácticos, a veces con ayudas institucionales inesperadas, como en Uruguay, otras veces diluyendo tradiciones históricas, como lo que fue ocurriendo con las definiciones de la izquierda venezolana, reducida a un liberalismo abstracto – y parlamentarista, por supuesto. Al respecto, hay algunos aspectos del pasado y del presente brasileño que permiten ver el argumento con más perspectiva. Desde su conformación republicana, Brasil ha sido para los ojos de los analistas externos al continente el más “parlamentario” de los países de la región. Incluso llegó a adoptar el sistema parlamentario luego de las idas y vueltas posteriores a la renuncia de J. Quadros; fue por pocos meses pero es indicativo del peso del Parlamento en el juego político brasileño. Collor fue presionado hasta su renuncia por las acciones del Parlamento; Cardoso llegó con el último aliento al final de su mandato con el apoyo de parlamentarios de los partidos más contradictorios; Lula estuvo, en el 2005, a un paso de ser indicado a un juicio político. Pero es precisamente la “resurrección” de Lula y la del PT la que deja algunas enseñanzas; en los términos que aquí se proponen, la “resurrección” puede interpretarse como una victoria frente a la “ideología parlamentarista”. Con determinadas políticas públicas, con una convocatoria amplia para la discusión de los medios, con reformas electorales de diverso tipo, entre otras medidas, el Gobierno de Lula pudo sortear la presión por convertir al Parlamento como el “natural” definidor de las situaciones políticas, tal como lo venía haciendo las décadas pasadas. Aún haciendo alianzas con algunos de esos mismos eternos representantes del status-quo del Parlamento, el Gobierno Lula pudo reorganizar a su medida y perfil el escenario de las disputas, los tipos de conflictos, los actores convocados. Mantuvo la iniciativa política – de la misma manera que hizo Evo después de las matanzas de Pando, que auguraban un final anticipado- y no dejó que ni la Folha de Sao Paulo o la cadena O´Globo, ni el Parlamento que lo acorraló, le construyeran la agenda política; porque se eso se trata, para la “ideología parlamentarista” no sólo es “anti-natural” la “crispación” que se deriva de los conflictos sino que no hay otra agenda política que la que se construye al interior del Parlamento. Hoy en día, y siendo Brasil el país más parlamentario de todos, las chances de que una “ideología parlamentarista” pueda tener resonancia social son muy escasas: según algunos estudios de opinión recientes, en Brasil se da la paradoja de que ciertos políticos – como Lula- y/o partidos tienen una buena imagen en la sociedad, mientras que el Parlamento como institución es uno de los que más rechazos genera.

La habilidad de Lula y de su partido ha consistido en no dejarse arrastrar por el Parlamento y naufragar en las discusiones políticas de la “ideología parlamentarista”; en ese sentido, no es un detalle que, a menos de un año de terminar su mandato, por primera vez desde la vuelta de la democracia, los militares se hayan plantado como lo hicieron frente al nuevo Programa de Derechos Humanos, como tampoco lo es la “resistencia” internacional a las condiciones establecidas por Petrobrás para la exploración del Pré-sal, o el progresivo distanciamiento de la Fiesp respecto del Gobierno.  La agenda de disputa de intereses en Brasil difícilmente será de contrastes muy marcados, por algo es uno de los países más desiguales del planeta y sus conflictividades se entremezclan en una infinidad de causas y obstáculos de permanente retroalimentación. Pero, a contramano de los análisis más difundidos que lo ubican como ejemplo de “moderación”, es uno de los países cuyo Gobierno ha logrado construir un estable y legítimo control de la agenda política, lo que le ha permitido estilizar teórica y prácticamente una contemporánea “ideología nacional-desarrollista” – como le gusta decir a su Ministro de Economía- refractaria de propuestas que proporcionalmente tienen más aceptación en otros países, como la “ideología parlamentarista”.

Habrá que estar atentos, entonces, a cómo se vaya moldeando y estructurando la dialéctica de los conflictos de interés, desconfiando de las fórmulas que se proponen. A veces las ideologías anticipan procesos históricos, y a veces los procesos históricos crean nuevas cosmovisiones. La “ideología parlamentarista”, con todos sus bemoles se sentidos prácticos es, también, el producto de estos nuevos Presidentes, pero con una impronta restauradora. Hay bastante de vieja cochambre por sacudir en nuestras sociedades latinoamericanas como para permitirnos abrigar las soluciones que nos regalan de tanto en tanto las clases más aventajadas.

Estos Gobiernos, según los léxicos políticos y las tradiciones de cada país, comparten un mismo lugar en el juego de las identidades: se definen a partir de un “antineoliberalismo” declarado, esto es, a partir de un posicionamiento ideológico respecto de lo que implicó la geometría neoliberal de la interacción democracia/mercado/estado. Han sido eficaces en marcar este nuevo clivaje de ruptura: de un lado, estos Gobiernos, del otro, las oposiciones. Estas últimas se parecen bastante entre sí, lo que refuerza aún más los parecidos entre los Gobiernos. Tomando en cuenta algunas variables claves para cualquier fuerza política – distribución del voto/matriz ideológica- pueden observarse características similares en las “oposiciones latinoamericanas”: la mayoría de las mismas están dispersas, se localizan en determinadas regiones (Guayas, Ecuador; Oriente, Bolivia; Sudoeste, Brasil) o ciudades claves (Buenos Aires y Córdoba, Argentina; Maracaibo, Venezuela) y se organizan a partir de ciertas referencias dirigenciales provenientes del mundo empresarial (Macri y De Narváez, Argentina; Piñeira, Chile; Quiroga, Bolivia; Noboa, Ecuador; sin dejar de considerar que el fallido golpe de Estado en Venezuela en el 2002 colocó en la Presidencia precisamente al Presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona).

El escenario se presenta medianamente claro: de un lado, los intereses sectoriales, corporativos, localistas y fragmentados de las oposiciones; del otro, una recuperación de las apelaciones a lo nacional por parte de los Gobiernos. Se trata, en un mismo movimiento, de una reivindicación de las potencialidades nacionales en tanto éstas puedan reencausarse a partir de una reparación de las secuelas sociales del neoliberalismo. Y es allí precisamente donde hace pie un renovado latinoamericanismo: los significados de una “Nación de Repúblicas”, la “Patria Grande” o “Nuestra América” – tal como fueron formuladas en el siglo XIX por Bolivar, San Martín o Martí, y que pasaron el siglo XX de manera tenue – vuelven a aparecer en la medida que se reactualiza, de manera insospechada y paralela, una perspectiva de lo nacional. Lo latinoamericano se inflaciona bajo un terreno nacional, preparado, en este caso, por dos décadas neoliberales que no hicieron más que empujar a las fuerzas políticas progresivas, aquellas que han asumido los Gobiernos, a componer una orientación programática en ese sentido – a lo que podría sumarse un antiimperialismo estructural condicionante de los momentos de emergencia de estos re-posicionamientos.

Si se evalúan los crecimientos comerciales intraregionales, las tasas de inversiones privadas entre los países considerados, la conformación de redes de cooperación productiva, las asistencias energéticas cruzadas, los convenios científicos entre Universidades, las solidaridades financieras contempladas, por ejemplo, en el Banco del Sur, etc., el panorama puede ser alentador. Desde un punto de vista instrumental, para cada país, estos intercambios no han hecho otra cosa que potenciar la búsqueda de soluciones para sus propios problemas. Incluso Brasil, cuya oposición interna insiste permanentemente en las desfavorables condiciones de renegociación de ciertos acuerdos con Bolivia o respecto de las cuotas fijas argentinas de trigo, ha sabido aprovechar la situación: en detrimento del ALBA y el MERCOSUR, la UNASUR ha logrado, bajo su liderazgo, imponer líneas estratégicas respecto de cuestiones de defensa y apertura con otros bloques regionales, compatibles con sus propias decisiones geopolíticas, en principio resistidas por el resto, lo que ha reposicionado a Brasil como un actor internacional de peso.

Podría decirse que América Latina – mejor dicho, los países de este “nuevo ciclo”- oscila entre una época de cambios o un cambio de época. En la medida en que estas tendencias continúen pueden esperarse condiciones aún más favorables respecto de ese tipo de integración y, transitivamente, de recuperación de cada una de las auto-imágenes nacionales. Y estas tendencias, por cómo fueron disponiéndose los diferentes escenarios políticos en los últimos años, de alguna manera, sólo podrían ser garantizadas y profundizadas por determinadas fuerzas políticas: no es lo mismo si el MAS no vence en las próximas elecciones, si Piñeira triunfa en Chile, o bien si el PSDB logra imponerse frente al PT el año que viene. Hay que tener en cuenta que las oposiciones han respondido muchas veces antidemocráticamente frente a las heterodoxias de estas salidas del neoliberalismo. Pero, a su vez, esos mismos rechazos han generado la empatía del bloque del “nuevo ciclo político”: por eso Lula se autoproclama “chavista”, Rafael Correa preside la delegación en Honduras, Bachelet organiza una reunión especial de Presidentes por las matanzas en Pando y Cristina Kirchner garantiza el viaje de los uruguayos – se especula que en su mayoría son votantes del Frente Amplio- y organiza el empadronamiento y la votación de los bolivianos residentes en la Argentina. Hay apoyos transversales, declaraciones conjuntas, protocolos institucionales que, interesados por mantener condiciones favorables para cada coyuntura nacional interna, en cantidad y sintonía, sobrepasan con creces otros momentos de la historia de América Latina. Hasta allí llega, por el momento, el actual proceso de “integración latinoamericano” – y las pasiones latinoamericanistas. De allí el interés, también, porque Ollanta Humala extienda a Perú estas posibilidades y que el sucesor de Uribe tenga una fuerza competitiva que se le enfrente en las próximas presidenciales. El panorama es, en definitiva, incierto; con el condimento de que tiene un costado que, para grandes conjuntos poblacionales que votan por estos Gobiernos, resulta auspicioso para un cambio de época.

(publicado originalmente bajo el título “América Latina: cambio de época” en www.diagonalperiodico.net)